Desde el 1 de junio, fecha de inicio de la campaña estatal contra incendios forestales, hasta el 14 de agosto, un total de 27 personas han sido detenidas y 83 investigadas, según ha informado este sábado el Ministerio del Interior.

De estas cifras, la Policía Nacional ha detenido a 7 personas y ha investigado a 2, mientras que la Guardia Civil ha arrestado a 20 personas y ha investigado a 81 por su presunta implicación en incendios forestales.

Entre los detenidos se encuentra un hombre, señalado como supuesto responsable de un incendio que arrasó unas 3.000 hectáreas en distintas localidades de la provincia de Zamora, iniciado en Puercas de Aliste, en Gallegos del Río.

Este arresto se suma al de un trabajador de extinción de incendios, detenido la semana pasada y actualmente en prisión provisional, por el incendio de Mombeltrán (Ávila), que quemó aproximadamente 2.200 hectáreas.

La Guardia Civil también investiga a una vecina de Cee (A Coruña) por dos presuntos delitos de incendio forestal en el municipio de Laxe, y a otra mujer de 63 años por cinco fuegos en la localidad de Muxía (A Coruña).

DURAS PENAS

El Código Penal establece en su artículo 351 penas de entre 10 y 20 años de prisión para quienes provoquen incendios que pongan en peligro la vida o la integridad física de las personas. Esta misma sanción aplica a quienes incendien montes o masas forestales con riesgo para la vida humana, según el artículo 352.

En caso de que no exista riesgo para las personas, la ley contempla penas de prisión de 1 a 5 años, además de multas que pueden ir desde doce a dieciocho meses. Si el incendio alcanza una "especial gravedad", como cuando afecta a grandes extensiones, altera ecosistemas o se realiza con fines económicos, las penas pueden aumentar hasta los 6 años de cárcel y multas de hasta veinticuatro meses.

Incluso si el fuego no se propaga, prender fuego a montes o masas forestales puede conllevar entre seis meses y un año de prisión.

Más allá de las sanciones penales, la legislación española protege el territorio afectado por incendios forestales al prohibir la modificación del uso del suelo en las zonas afectadas durante un plazo de hasta treinta años. Esto busca preservar la recuperación ambiental y evitar que se aprovechen terrenos quemados para otros fines, especialmente urbanísticos.