La Policía Nacional ha desmantelado una organización criminal dedicada a explotar laboralmente a personas migrantes en situación administrativa irregular, a quienes empleaban como vigilantes de obras en condiciones extremas por todo el territorio nacional.

La operación se ha saldado con ocho detenidos, entre ellos los tres líderes de la red, acusados de organización criminal, delitos contra los derechos de los trabajadores, amenazas, coacciones, intrusismo y obstrucción a la justicia.

La investigación comenzó en mayo, tras detectar una empresa que captaba a personas extranjeras con promesas falsas de empleo y salarios dignos. En realidad, los trabajadores eran forzados a realizar jornadas de hasta 64 horas consecutivas, muchas veces al aire libre en pleno invierno, bajo condiciones de riesgo para su salud y seguridad. A cambio, recibían sueldos muy bajos y, en muchos casos, solo el primer mes de salario.

Cuando los empleados exigían el pago de lo adeudado, eran amenazados, despedidos y reemplazados por otros migrantes vulnerables. Para eludir el control policial, judicial y administrativo, la red operaba a través de un entramado de empresas ficticias y testaferros, dando altas y bajas mercantiles con diferentes nombres.

Los detenidos ya han pasado a disposición judicial y se enfrentan a cargos graves por su implicación en esta trama de explotación laboral sistemática