La Unión Europea ha vuelto a aplazar este viernes, por séptima vez, la votación para reconocer el catalán, euskera y gallego como lenguas oficiales de la UE, ante la falta de unanimidad necesaria entre los Veintisiete. La propuesta española sigue topando con reticencias jurídicas, económicas y políticas por parte de varios Estados miembros.

Durante la reunión del Consejo de Asuntos Generales, más de una decena de países tomaron la palabra en una discusión que duró unos 45 minutos. Entre ellos, Luxemburgo, Austria, Francia, Polonia y Finlandia reiteraron sus dudas, apuntando a la falta de una propuesta cerrada sobre costes, viabilidad jurídica y consecuencias futuras.

El ministro luxemburgués Xavier Bettel fue especialmente crítico: "Hemos tardado días en acordar sanciones a Rusia o un alto el fuego en Gaza, ¿pero vamos a aprobar ahora el catalán, el euskera y el gallego?", cuestionó. A su juicio, "no es el momento adecuado" y esta discusión plantea dudas sobre "hacia dónde va Europa".

Por su parte, la ministra austriaca de Europa, Claudia Plakolm, declaró que no puede haber consentimiento "mientras no se aclare el impacto legal y presupuestario" del reconocimiento.

Frente a estas posiciones, el secretario de Estado español para la UE, Fernando Sampedro, defendió que España ha abordado todas las dudas planteadas y pidió a sus socios europeos que "no secuestren ni retrasen" más una decisión que, recordó, está amparada por los tratados comunitarios. "Veinte millones de europeos no pueden ser discriminados por hablar una lengua distinta al castellano", sentenció.

España ha propuesto una implementación progresiva desde 2027 y se ha comprometido a asumir el coste íntegro del proceso. La Comisión Europea estima que el gasto podría rondar los 132 millones de euros, aunque considera esa cifra preliminar.

Sampedro también recalcó que estas lenguas cumplen requisitos que no se dan en otros idiomas regionales de Europa: tienen estatus constitucional, presencia parlamentaria, traducciones oficiales de legislación comunitaria y acuerdos administrativos vigentes con las instituciones europeas.

Actualmente, aunque no tengan estatus oficial, catalán, gallego y euskera ya pueden usarse en el Consejo de la UE, el Comité de las Regiones y el Comité Económico y Social. Además, el Parlamento Europeo sigue debatiendo su inclusión y la Escuela Europea ha aprobado recientemente el catalán como asignatura optativa.