Asaja Castilla y León y la Alianza UPA-COAG volverán a presentarse en las puertas del Ministerio de Agricultura este jueves. Con este acto pretenden reclamar al Gobierno control de las importaciones del cereal de Ucrania, pretendiendo que en la próxima renovación del acuerdo preferencial que la Unión Europea mantiene con este país se establezcan cupos con el fin de que no se distorsionen los precios en el mercado nacional, tal y como viene ocurriendo en los últimos tres años.

Tanto el presidente autonómico de Asaja, Donaciano Dujo, como el secretario general de UPA Castilla y León, Aurelio González, como el coordinador regional de COAG, Lorenzo Rivera, coincidieron en señalar hoy que si no se establece cupos a las importaciones de cereales de Ucrania, el sector cerealista nacional, y en especial el de Castilla y León, que representa el 40% de la producción nacional, están abocados a la "ruina".

Además, criticaron la pasividad del ministro de Agricultura, Luis Planas, dado que todavía no se ha pronunciado sobre las peticiones trasladas en el Consejo Asesor Agrario y lamentaron que se dedique a "mirar hacia otro lado" a la hora de afrontar los problemas del campo, como ya hizo cuando se incrementó la protección del lobo tras incluirse en Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespres) o con la ausencia de regadíos en el Plan Hidrológico Nacional.

Lorenzo Rivera, que lamentó que el principal problema de los agricultores es que el Gobierno no quiere reconocer este problema. "Nosotros consideramos que las importaciones son necesarias para cubrir las necesidades nacionales, pero no para distorsionar los precios, y de la misma manera tampoco nos oponemos a que Ucrania reciba ayudas, lo único que denunciamos es que los pagamos siempre somos los mismos", aseveró.

Además, argumentó que la falta de rentabilidad de las explotaciones de cereales se viene agravando año tras año, por un incremento de los costes de producción y una caída de los precios del cereal, y advirtió que la crisis que atraviesa el sector cerealista, unida a las malas noticias procedentes de la remolacha con cierre de la planta de La Bañeza, hacen que la situación del campo en Castilla y León cada vez sea más "difícil".

Por su parte, Donaciano Dujo explicó que los gastos de producción ronda los 800 euros por hectárea, por lo que con los precios actuales se debe alcanzar los 4.000 kilos por hectárea para cubrir costes. Teniendo en cuenta que en Castilla y León la producción media de cereales en Castilla y León es de 3.000 kilos, la "rentabilidad media en un año bueno como este, en el que la Comunidad puede alcanzar los ocho millones de toneladas, la rentabilidad es una miseria de unos 20 euros por hectárea".

"Este verano unos cosecharemos y otros harán el agosto", se lamento Dujo, a la vez que trasladó el desánimo de los profesionales del sector y reclamó al Gobierno ayudas directas para la compra de fertilizantes que compensen la subida de precios provocados por los aranceles impuestos por la UE a las importaciones de Rusia y Bielorrusia.

Abandono

Mientras tanto, Aurelio González también denunció que, una vez más, la Ley de la Cadena Alimentaria no se cumple, aunque en este caso existe el agravante de los mismos que nos venden los abonos son los que nos compran el cereal. Además, advirtió que la situación es preocupante y que en los últimos 20 años se han abandonado en España más de un millón de hectáreas de este cultivo.

Por último, explicó que los cupos a los cereales de Ucrania son necesarios como se demuestra en el caso del trigo duro, variedad que sí tiene establecidas unas limitaciones de importaciones y donde los precios no se vean distorsionados, a la vez que reclamó al Gobierno una ayuda directa de 100 euros por hectárea a los cerealistas mientras se logra una solución a la situación actual.