La jueza que investiga al empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, le ha citado a declarar como imputado el 10 de abril en la pieza separada en la que trata de dilucidar si incurrió en posibles delitos como corrupción en los negocios.

La titular del Juzgado de Instrucción 19 de Madrid, Inmaculada Iglesias, le emplaza ese día en calidad de investigado, después de que la Audiencia de Madrid avalase la apertura de esta pieza separada a instancias de las acusaciones populares, Más Madrid y PSOE, según el auto al que ha tenido acceso EFE este miércoles.

Dice la jueza en su resolución que los hechos podrían constituir un delito de corrupción en los negocios y administración desleal, dado que la sociedad Quirón Prevención "puede ser perjudicada" por los hechos presuntamente cometidos por el empresario y su sociedad, Maxwell Cremona, "en connivencia con los responsables de Quirón Prevención".

Alberto González Amador ha sido citado en varias ocasiones en el marco de la investigación principal, recientemente prorrogada durante seis meses más, que se centra en presuntos delitos de fraude fiscal y falsedad documental. En la última ocasión, el 24 de febrero, se acogió a su derecho a no declarar.

Hace unas semanas, la Audiencia Provincial respaldó la necesidad de investigar en una pieza separada la posible utilización de una sociedad pantalla para "ocultar unos ingresos que debían haber sido declarados" por Maxwell Cremona -administrada por González Amador- y en el presunto pago de 499.836,92 euros a la mujer del presidente de Quirón Prevención por la adquisición de una empresa en 2020, una operación en la que la Fiscalía ve una posible "comisión encubierta".

Unos hechos por los que el empresario tendrá la oportunidad de declarar el próximo 10 de abril, recoge EFE. 

La Fiscalía ya manifestó en un escrito que era necesario investigar un posible delito de corrupción en los negocios en relación a estos hechos, al que las acusaciones suman otro de administración desleal.

Aparte de esta pieza separada, la rama principal del procedimiento se centra en un presunto fraude fiscal de 350.951 euros y falsedad documental y en ella también se investiga a cuatro empresarios por intervenir, presuntamente, en un entramado de facturas falsas con el objetivo de aminorar la cuota a tributar.