El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) de este viernes, 7 de marzo, publica el cese, a petición propia, de la hasta ayer directora general de Salud Pública de la Consejería de Sanidad, Sonia Tamames, tras la polémica suscitada por sus declaraciones en Castilla y León Televisión el martes, donde aseveró que "la pandemia por Covid-19 no fue una pandemia de gran gravedad".

Como consecuencia del revuelo causado por estas palabras, a las que antecedió con un "probablemente, con esto haya gente que se revuelva en el sofá cuando lo escuche" y que después argumentó señalando que la pandemia "afectó en unas etapas muy tempranas a la población joven pero rápidamente el virus evolucionó para convertirse en grave solo en los extremos de la vida y, fundamentalmente, en personas mayores", Tamames presentó su dimisión en la mañana del pasado jueves. 

El anuncio lo realizó el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, minutos antes de participar en el acto institucional del Gobierno autonómico con motivo del Día Internacional de la Mujer, donde consideró que "sus declaraciones han sido un error". "Lo primero que tengo que hacer es pedir disculpas a toda la población en nombre del Gobierno de Castilla y León. Creo que sus declaraciones, vuelvo a reiterar, son un error grave. Solo ya con el dolor por la pérdida de vidas humanas, el sufrimiento posterior a aquellos que padecen secuelas, es suficiente, sin entrar en las consideraciones del daño al sistema público de salud, la crisis social y económica que produjo la pandemia", sentenció.

El presidente de la Junta justificó esta decisión en el "nivel de exigencia" que tiene la Junta. "Ante un error se toman decisiones". "Esta es la valoración que tengo que hacer como presidente y vuelvo a insistir, pedir disculpas a toda la sociedad de Castilla y León y especialmente a aquellos que por un motivo u otro han tenido algún sufrimiento en esta pandemia", concluyó.

Además, en el Bocyl también se publica la orden del consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, por la que se dispone que mientras esté vacante la titularidad de la Dirección General de Salud Pública, se encargue del ejercicio de sus funciones el director general de Calidad e Infraestructuras Sanitarias, Álvaro Muñoz Galindo.