El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha rechazado que haya indicios suficientes para admitir a trámite la querella que interpuso el PP contra el PSOE y varios imputados del denominado caso Koldo por presunta financiación irregular.

En línea con la tesis de la Fiscalía Anticorrupción, el magistrado considera que la información periodística en la que se basaba el PP no tiene entidad suficiente para abrir una investigación, sino que, según la jurisprudencia, debería estar sustentada "en algún dato, hecho o circunstancia" que delimite una conducta delictiva.

"Con carácter general, una noticia por sí sola, no legitima a ningún accionante popular para convertir el relato periodístico en un relato de hechos punibles desencadenantes del proceso penal. Se precisa algo más", afirma Pedraz en el auto en el que acuerda la inadmisión de la querella.

Y ese "algo más", dice, "no se da" en la querella del PP, porque "de lo actuado hasta la fecha en la presente causa no aparece vinculación alguna con lo denunciado".

No es que una denuncia anónima no tenga "plena validez para iniciar una investigación", pero esta debe venir avalada por "datos corroboradores", explica el juez.

Y hace suya una conclusión de la Sala de lo Penal del Supremo: la acción popular "no puede degradar el relevante papel que está llamada a desempeñar en el proceso penal limitándose a convertir noticias en causas criminales".

La formación de Alberto Núñez Feijóo fundamentó su querella en una información periodística que incorporaba la grabación de una entrevista a un empresario, al que no se identificaba y cuya voz aparecía distorsionada, que hablaba de dos supuestas entregas de dinero -un total de 90.000 euros en bolsas de plástico- en la sede del PSOE, en octubre de 2020.

La querella se presentó en el procedimiento que investiga el juez Pedraz sobre una presunta trama de fraude de IVA de hidrocarburos y que se dirige contra el empresario Víctor de Aldama, presunto comisionista del caso Koldo, y su socio Claudio Rivas.

El magistrado no ha visto vínculos entre lo denunciado por el PP y esta trama, y ha advertido además de las "contradicciones de los denunciantes anónimos" que aparecían en la información periodística, como también indicó la Fiscalía.

La tramitación de una licencia a la que hacían referencia, dice el juez, "corresponde al Ministerio para la Transición Ecológica y no al Director del Gabinete del Ministro de Industria".

La querella del PP apuntaba a que el empresario Claudio Rivas habría usado a Víctor de Aldama para conseguir del Gobierno una licencia como operadora de hidrocarburos para la compañía Villafuel. Y este le habría pedido a cambio 600.000 euros.

También se dirigía contra De Aldama, su socio Claudio Rivas y Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, por supuestos delitos de blanqueo, cohecho, tráfico de influencias y financiación ilegal.

Además de rechazar su admisión a trámite, en el mismo auto el magistrado ha admitido como acusaciones populares en su investigación sobre la trama de fraude de IVA al PP, al autodenominado sindicato Manos Limpias, a la asociación ultracatólica Hazte Oír y a Vox, previa fianza de 10.000 euros.