Plantean medidas coercitivas para las entidades de Castilla y León que no rindan cuentas en tiempo y forma

El presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, y los Grupos Parlamentarios han planteado este lunes la opción de implantar medidas coercitivas, además del refuerzo de la formación y la actuación de las Diputaciones, para que las entidades cumplan con las rendiciones de cuentas en tiempo y forma.

El presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, ha comparecido este lunes en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León, para presentar el Informe anual sobre las cuentas del sector público local de Castilla y León del ejercicio 2022, que fue aprobado por el Pleno de la institución el pasado 23 de julio en Zamora, publica EFE. 

En esta sesión, con la que se han reanudado las Comisiones parlamentarias tras el periodo estival, Amilivia ha explicado que el 88,4% de los ayuntamientos de Castilla y León han cumplido con la obligación legal de rendir las cuentas generales del último ejercicio, el del año 2022, aunque el 22% lo ha hecho fuera del plazo legalmente establecido en la Comunidad, el 31 de octubre del ejercicio siguiente.

Tras la exposición de Amilivia, el procurador del PSOE Pedro Luis González ha considerado necesario poner encima de la mesa algún tipo de medida para los ayuntamientos que no rinden cuentas, como ya lo han hecho algunas autonomías.

Ha opinado además que las Diputaciones deberían implicarse más en este sentido y ha abogado por plantear la ordenación del territorio "de una vez".

El parlamentario de Vox Javier Bernardo ha apostado por establecer medidas coercitivas, por una mayor supervisión, por mejorar los medios y la formación en aras de conseguir el cumplimiento con la rendición de cuentas, además de fomentar la simplificación administrativa y supeditar la concesión de ayudas a los incumplimientos.

Por parte de UPL-Soria Ya, el procurador José Ramón García ha defendido analizar los motivos de que haya entidades locales menores que rinden sus cuentas tarde y mal y ha sugerido la posibilidad de falta de destreza o ausencia de personal necesario. 

La parlamentaria del PP Rosa María Esteban ha subrayado la necesidad de potenciar los medios para poder cumplir con una normativa de obligado cumplimiento, ha reivindicado una nueva financiación para poder afrontar esas finalidades, fortalecer la asistencia técnica y legal a todos los municipios y actualizar la regulación de multas coercitivas.

En respuesta a las intervenciones de los grupos parlamentarios, Amilivia ha recordado que el Consejo de Cuentas no está satisfecho, a pesar de tener datos superiores a la media nacional en cuanto al cumplimiento de la rendición de cuentas, y por eso se ha establecido una serie de recomendaciones, prosigue EFE. 

Ha concretado que está a punto de aprobarse, ya que está en fase de alegaciones, un informe específico sobre los análisis de los municipios más incumplidores de Castilla y León, que podría dar lugar a una reunión específica de los Grupos parlamentarios, donde se ponga negro sobre blanco el diagnóstico real de cómo se encuentran determinados municipios o por qué los municipios no cumplen.

Amilivia, sobre la eficacia de las medidas, ha explicado que deben serlo en su conjunto la formación, la cobertura de plazas y la simplificación administrativa, además de las actuaciones coercitivas.

Respecto a este último punto, el presidente del Consejo de Cuentas ha citado la posibilidad de prohibición de acceder a ayudas o subvenciones públicas de cualquier tipo de administración si no se ha rendido cuentas previamente.

Ha argumentado que los datos son "relevantes" en las cuatro comunidades que aplican esta medida y ha enumerado que en Valencia han rendido cuentas en plazo el 96%, en Aragón el 94%, en Galicia, el 85% y en Cataluña, el 83%.