El consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, anunció este jueves, 15 de mayo, que la Junta recurrirá ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) la sentencia que anula las bases del torneo del Toro de la Vega de Tordesillas porque entiende que "encajan en los principios básicos de la tradición", con lo que se uniría al Ayuntamiento de la localidad vallisoletana, que también alegará al respecto.

Tras la celebración del Consejo de Gobierno de este jueves, Fernández Carriedo apuntó que "es necesario este recurso", porque "se hizo un esfuerzo muy importante, con un decreto ley de la Junta, para conseguir encajar el Toro de la Vega en los principios básicos de la tradición y el respeto a una demanda ciudadana en relación con esta cuestión. Y desde ese respeto, estamos en la obligación de presentar un recurso para garantizar la tradición en los mismos términos en que se planteó, siempre dentro del bienestar animal", aseveró el consejero.

Igualmente, recordó que en los últimos años el Ayuntamiento ya ha planteado un plan B, "que se ha sustituido por una actividad de carácter taurina más común al resto de territorios", si bien incidió en que la "singularidad de Tordesillas" es algo que la Junta "sigue defendiendo, dentro de la garantía y respetos que haya que poner en práctica". En todo caso, afirmó que el Ayuntamiento "puede cambiar la actividad, pero no soluciona tampoco el fondo del asunto, que es la singularidad propia, y es bueno poder mantenerlo, adaptado a los tiempos actuales".

Durante la jornada del miércoles, se conoció que el TSJCyL estimó el recurso interpuesto por el Partido Animalista (Pacma) y anuló las bases del torneo de 2022 aprobadas por el Ayuntamiento, con el aval de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, al entender que es "contrario a derecho". La sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo no es firme y puede recurrirse en el plazo de 30 días.

Según la resolución judicial, la nueva versión del torneo, que pretendía ajustarse al Decreto-Ley 2/2016, que prohíbe expresamente la muerte del toro en presencia del público y que se basaba en la sustitución de las tradicionales lanzas por otras nuevas acabadas en punzones, constituye un "nuevo espectáculo y no una adaptación del anterior", algo que no estaría permitido por la normativa vigente.