El Gobierno desvincula los acuerdos que salgan de la mesa de diálogo con Cataluña, como la llamada 'desjudicialización' del procès y la posible reforma del delito de sedición, de la negociación de Presupuestos Generales del Estado (PGE), a pesar de que el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián aseguró que no se sentarían a negociar si no había avances previos en esa línea.

Según fuentes gubernamentales, no tiene nada que ver la mesa de diálogo con la negociación presupuestaria y han señalado que quien mezcla ambas cuestiones no está en la realidad.

A este respecto, Rufián avisó el pasado martes de que no entrará a negociar con el Gobierno los Presupuestos para 2023 si no se dan pasos para "poner justicia donde hay injusticia", dando a entender que no lo harán si no hay avances en el compromiso alcanzado con el Ejecutivo de "desjudicialización" del conflicto catalán.

"Se trataría de poner justicia donde hay injusticia", remarcó, recalcando que los dos partidos que conforman el Gobierno de coalición "saben perfectamente lo que tienen que hacer". "Si incumplen será muy difícil empezar a hablar de Presupuestos", ha apostillado.

POSIBLE REFORMA DEL DELITO DE SEDICIÓN

A finales del pasado mes de julio, en el marco de la mesa de diálogo sobre Cataluña, el Gobierno central y el catalán acordaron impulsar reformas legislativas para "superar la judicialización" del conflicto político y también sus "efectos" y manifestaron su voluntad de que éstas puedan ser aprobadas antes de final de año.

La llamada 'agenda antirepresiva' o de "desjudicialización" de la política catalana pretende evitar más procesos judiciales por el referéndum de 2017 y las posteriores movilizaciones independentistas, y una de las herramientas que se ha mencionado sería la reforma del delito de sedición, que fue el utilizado por el Supremo para imponer las principales condenas en la sentencia del procès.

El mismo martes, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez respondió a Rufián que "se puede explorar" la modificación del delito de sedición para homologar este tipo penal al que tienen países del entorno europeo, aunque insistió en que es necesaria una amplia mayoría parlamentaria.

Así, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz recordó que el Gobierno ya ha venido trasladando su disposición a modificar este tipo penal y equipararlo con otros países del entorno. De este modo, indicó que es necesario conformar mayorías amplias puesto que se trata de una ley orgánica pero que si se logran "se puede explorar esa modificación".