El Gobierno empieza ahora
Hay gobiernos que nacen con una fotografía. Y hay gobiernos que empiezan a juzgarse cuando la fotografía deja de ser noticia. El de Castilla y León ya ha pasado por las dos primeras fases: las elecciones, la investidura y el pacto entre PP y Vox; después, el reparto de poder, los nombramientos y las comparecencias de los nuevos consejeros. Ahora llega lo verdaderamente importante: gobernar.
Esta semana que arranca, con la recuperación prácticamente plena de la actividad política tras el verano, Castilla y León volverá a mirar a su Junta con una expectativa distinta. Ya no se trata de saber quién ocupa cada despacho ni qué partido controla cada consejería. Tampoco de interpretar cada gesto de la negociación que hizo posible la mayoría absoluta. Se trata de comprobar qué hace el Gobierno con la confianza que ha recibido y con el amplio programa de compromisos que tiene por delante.
Y ese será, probablemente, el principal examen de esta legislatura.
El nuevo Ejecutivo de Alfonso Fernández Mañueco tiene una característica que no puede ignorarse: es un Gobierno de coalición. El PP mantiene el control mayoritario de las áreas principales, mientras Vox incorpora una vicepresidencia y tres consejerías, entre ellas Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental; Cultura, Turismo y Deporte; y Desregulación, Familia y Ayudas Sociales. Es un reparto político con una evidente lectura ideológica, pero también con una consecuencia mucho más práctica: ambos partidos tendrán que demostrar que son capaces de transformar un acuerdo político en una acción de gobierno coherente.
Ahí estará la clave.
Porque los ciudadanos no van a medir a la Junta por la cantidad de reuniones de sus consejeros, ni por el número de declaraciones que produzcan sus responsables políticos. La medirán por la educación que reciban sus hijos, por la sanidad que encuentren cuando necesiten atención, por las oportunidades laborales que existan en sus pueblos y ciudades, por la respuesta ante los incendios, por las infraestructuras que avancen, por la vivienda a la que puedan acceder los jóvenes y por la capacidad de mantener servicios públicos de calidad en una Comunidad extensa y con una población tan dispersa.
Y, naturalmente, también por aquellas materias que forman parte específica del acuerdo entre PP y Vox y que han generado mayor debate político. La desregulación, las políticas de familia, el campo, la cultura, la inmigración o la llamada prioridad nacional estarán sometidas a un escrutinio especial. No solo por la oposición, sino también por una sociedad que tiene derecho a conocer cómo se concretan las promesas y qué efectos producen. El pacto de Gobierno incluye más de trescientas medidas y compromisos de muy distinta naturaleza; ahora toca establecer prioridades, calendarios y resultados.
En este punto, el papel de Alfonso Fernández Mañueco será determinante. El presidente no solo debe coordinar un Ejecutivo con dos sensibilidades políticas. Debe garantizar que la coalición funcione como un Gobierno de Castilla y León y no como la suma de dos gobiernos. La diferencia no es menor, pero ya tiene la experiencia anterior de su primera coalición con Vox.
La ciudadanía no votó para asistir a una permanente negociación interna entre partidos. Votó para que hubiera un Ejecutivo capaz de tomar decisiones. Y la mayoría absoluta obtenida por PP y Vox en las Cortes proporciona precisamente una condición especialmente valiosa para hacerlo: estabilidad parlamentaria. Esa estabilidad debe traducirse en capacidad de gestión, no en complacencia.
También Vox afronta su propia prueba. Su regreso al Gobierno autonómico después de la ruptura del anterior pacto en 2024 convierte su presencia en una de las principales novedades políticas de esta legislatura. El partido tendrá que demostrar que su entrada en el Ejecutivo sirve para algo más que para trasladar al Consejo de Gobierno los debates de la política nacional. Su verdadera oportunidad está en acreditar que puede gestionar, ejecutar y responder por sus competencias con la misma exigencia que cualquier otro miembro del Ejecutivo.
Y el PP, por su parte, deberá demostrar que la coalición no diluye su responsabilidad última sobre el rumbo de la Comunidad. Gobernar en alianza implica compartir decisiones, pero no puede convertirse en una excusa para no asumir responsabilidades.
La oposición tendrá, por supuesto, la obligación de fiscalizar. También es un examen para el líder socialista Carlos Martínez, que salvó los muebles con un decoroso resultado electoral en medio de la debacle general de un PSOE arrastrado desde Madrid. Y deberá hacerlo con rigor, porque una mayoría absoluta no elimina la necesidad de control parlamentario; la hace, si cabe, más importante. Pero también corresponde al Gobierno no confundir crítica con bloqueo ni oposición con falta de legitimidad. La mayoría que sustenta al Ejecutivo permite gobernar, pero no concede un cheque en blanco.
Castilla y León afronta una legislatura con problemas suficientemente serios como para que la política se quede en la superficie. El reto demográfico continúa, el futuro del campo exige respuestas, la industria necesita certidumbres, los servicios públicos reclaman atención permanente y la transición energética y digital abre oportunidades que la Comunidad no puede dejar pasar.
Por eso el regreso de la actividad política no debería ser simplemente el regreso de los políticos. Debería ser el comienzo de una etapa de resultados.
El Gobierno de coalición ya tiene programa, estructura y mayoría. Tiene también algo más difícil de conseguir: cuatro años por delante para demostrar si aquello que PP y Vox han pactado puede convertirse en una gestión eficaz y útil para Castilla y León.
A partir de ahora, menos titulares sobre el Gobierno y más Gobierno.
La legislatura empieza de verdad.
... SE CUENTA QUE ... No ha sentado nada bien en el entorno del Gobierno de Castilla y León la amistad que mantiene el aventurero leonés Jesús Calleja con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La "pillada" de este verano, cuando un coche oficial recogió a Calleja en el aeropuerto de Lanzarote para desplazarle a la residencia oficial de La Mareta donde veranea el presidente ha despertado más de una valoración de contrariedad. La reacción del propio Calleja no fue de comodidad, precisamente, al verse sorprendido por las cámaras.
Jesús Calleja recibe una importante ayuda económica por parte de la Junta de Castilla y León por su programa televisivo 'Planeta Calleja' y para otras actividades, como su participación en pruebas de motor. Según algunas cifras, el montante total de esos patrocinios puede superar los dos millones de euros.
En algunos círculos de la Junta se cuestiona la idoneidad de estas aportaciones y el dudoso retorno que puede tener esa inversión por la vinculación de Calleja con el presidente del Gobierno de España y su llegada a La Mareta en plena crisis migratoria.