Los impuestos que vienen
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Menudo Panorama

Pedro Santa Brígida
Periodista

Los impuestos que vienen

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No hay manera de sostener la actual estructura del Estado y, al tiempo, mantener los gastos esenciales del estado del bienestar. No es posible. España, país que como todos los del sur de Europa suele gastar habitualmente mucho más de lo que ingresa, se encamina hacia un déficit público desorbitado, a pagar una deuda insostenible de un montón de millones más cada día que pasa.

 

La pandemia Covid ha rematado la faena de una gestión económica protagonizada por el aumento constante del gasto público en asuntos no fundamentales. El criterio cortoplacista que dirige la acción política, el carácter escasamente previsor de nuestros dirigentes, la facilidad con la que se dispara con pólvora del Rey y el famoso argumento de que "ya pagará el que venga detrás" están poniendo en riesgo las cotas de bienestar de las futuras generaciones. Los jóvenes, en general con el más alto nivel de formación académica de la historia, se resignan a pensar que para ellos no habrá pensiones con el nivel adquistivo de las actuales.

 

El Gobierno -qué menos- es consciente de la que se avecina, pese a la millonada que se prevé llegue desde la Unión Europea para paliar los efectos de la crisis económica provocada por el coronavirus. Ni con la ayuda del rescate (la mitad hay que devolverla) dispondremos de dinero suficiente para mantener el chiringuito institucional que nos hemos montado en este país. Precisamente, por eso el Ejecutivo va lanzando constantes anuncios, en unos casos, y globos sonda, en otros, sobre los nuevos impuestos y gravámentes varios que se avecinan. Como tampoco hay un proyecto serio y consensuado que cambie sustancialmente el sistema productivo español, no hay vuelta atrás, a pagar.

 

Como todos sabemos, o deberíamos saber, hay dos formas de enfentarse a la deuda pública con el fin de mantener las prestaciones del actual estado del bienestar: pagar más impuestos o gastar menos en cuestiones no prioritarias. Son compatibles, por cierto. Nadie medianamente sensato quiere que la sanidad, la educación, los servicios sociales o las pensiones se vean perjudicadas. Para ello, es imprescindible, urgente, que se empiecen a tomar medidas que permitan la viabilidad de futuro del sistema social que nos hemos currado entre todos.

 

El Gobierno -fiel a su ideario- se agarra al mantra de que hay que incrementar la carga fiscal a los ricos, aunque luego anuncia subidas imposivas para todos, lo que siempre perjudica a los menos pudientes. Mejor que nadie sabe el Gabinete Sánchez que en dos años habrá que meter tijeretazos a los prespuestos generales si no se consigue más pasta (los recortes ya se cargaron en su día a Zapatero). Y no olvidemos que, cuando hace falta rellenar las arcas públicas, siempre cotizamos los ciudadanos.

 

En los últimos meses hemos oido hablar a varios ministros de que hay que elevar la fiscalidad, entre otros ámbitos, de los peajes, los carburantes, los impuestos de matriculación y circulación de vehículos, la transmisión patrimonial, las bebidas azucaradas, la tributación conjunta del IRPF, los nuevos tramos de cotización para autónomos, etc. Por no mencionar, quién acabará abonando las tasas Google y Tobin, tal y como estamos pagando ya la subida de la luz. Lo más reciente es el runrún sobre la supresión del IVA reducido...

 

Como suele ser habitual, para rebajar el déficit público todavía no hemos oido hablar de reducción de gastos del Estado. Todos sabemos que es posible, que hay duplicidades administrativas, que habría que reducir el aparato burocrático, que sobran entidades públicas, que son evitables desembolsos en compras inútiles, que se puede ahorrar un poco más. Según el afamado economista Gay de Liébana, la industria política española consume unos 25.000 millones de euros cada año. Digo yo que algún recorte se podría hacer en ministerios, consejerías, parlamentos autonómicos, ayuntamientos, diputaciones, fundaciones...

 

En el ámbito político se considera toda una herejía plantear la reducción del número de municipios (en España hay más ayuntamientos que en Alemania, Francia o Italia, que tienen mayor número de habitantes), de escaños en el Congreso, el Senado, los parlamentos autonómicos, diputaciones provinciales, etc. También lo es pedir que los grandes partidos se sienten a analizar el adelgazamiento del exceso de grasa del Estado, cuando en los países del norte de Europa nos echan en cara constantemente que nos sobra carga institucional, que consume demasiados recursos para lo que producimos como país...

 

Con estos mimbres no queda otra, pagaremos más impuestos porque debemos igualarnos fiscalmente con Europa, como dice la ministra de Hacienda, Mª Jesús Montero, aunque ella oculta los beneficios sociales y económicos que tienen, por ejemplo, la educación, la maternidad/paternidad o la emacipación de los jóvenes, en esa anhelada Europa, por no comparar los salarios medios.

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